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Sería conveniente

Algunos colectivos solo persiguen vivir de forma plena en sociedad. Algunas leyes les hablan, incluso, de participación «plena y efectiva» en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Pero esto no siempre es posible porque algunos se empeñan en desdibujar la realidad.

Hace poco descubrimos que una persona con discapacidad en Canarias cobra al año 3.455 euros menos que la media nacional que recibe otra persona sin discapacidad. Si esta diferencia la dividimos en catorce pagas nos da a casi 250 euros de diferencia al mes. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con esos euros de más o cuántas se tienen que dejar de hacer por esos euros de menos?

La crisis ha venido a empeorar la situación, como era de esperar. En Canarias un discapacitado cobra 30 céntimos menos la hora de que lo que recibía en 2010. Entonces cobraba 12,7 euros y en 2013 solo 12,4. A pesar de esto, la situación se ha igualado con la media estatal. Como suele ocurrir en estos casos se ha igualado a la baja… Hace cinco años, un residente en las Islas percibía por hora 40 céntimos menos que la media del resto del país y ahora la diferencia está en 20 céntimos.

Este aparente «buen» dato cae cuando desde el Parlamento de Canarias se reconoce que «la falta de oportunidades de formación y las dificultades para la movilidad de estas personas ha producido una mayor tasa de paro en este colectivo, que supera el 50%, y en algunos grupos con especiales dificultades para el acceso a un puesto de trabajo normalizado, cercana al 100%».

Y es aquí cuando nos damos de bruces con una realidad cuanto menos curiosa. Una persona con discapacidad en el Archipiélago cobra de media al año, según el INE, 182 euros más que una persona sin discapacidad. 19.346 euros frente a 19.163, pero el problema radica que son muy pocos los que trabajan. No hay oportunidades de empleo para este colectivo lleno de singularidades. En el Archipiélago solo el 0,93 por ciento de los contratados durante el ejercicio 2013 era discapacitado (unos 5.300), mientras otros 7.646 estaban registrados como demandantes de empleo.

«Sería conveniente, en este aspecto, la adopción por el Gobierno de Canarias de un plan de promoción de la formación y el empleo para las personas con discapacidad», aventura el informe de estudio de la discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el Parlamento regional el pasado mes de marzo. Sería conveniente, sería conveniente…

Pues sí y también que se cumpliese la ley. Esas leyes que reconocen una serie de derechos y a los poderes públicos los nombra «garantes» del ejercicio real y efectivo de esos derechos. A veces y también en este caso conviene preguntarse dónde queda el respeto a la dignidad, a la vida independiente, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, la accesibilidad universal o la transversalidad de las políticas ejecutadas.

Este artículo ha sido publicado en El Blogoferoz.

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No cabemos más

La memoria es, en ocasiones, bastante frágil. Y en esa «desmemoria fácil» nos movemos como pez en el agua, sobre todo cuando las tornas se nos vuelven en contra. Estos días que atravesamos quedan lo suficientemente lejos de aquellos en los que miles de residentes en las Islas debían tomar un barco clandestino para agenciarse un futuro mejor.

No cabe duda de que la crisis económica y también la de valores influyen sobremanera en nuestra forma de tratar a los demás. Entre los años 1996 y 2010 llegaron a Canarias unos 96.000 emigrantes en cayuco. Durante aquel tiempo hubo en «nuestras calles» alguna que otra manifestación bajo el lema: “Basta ya, no cabemos más”.

Los que salieron a la calle entonces se olvidaron de que el Archipiélago ha sido tradicionalmente tierra de emigrantes. Desde el siglo XVII, si no antes, hallamos claros ejemplos de diásporas canarias fundamentalmente hacia América. Un proceso que se prolonga en el tiempo hasta las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Abundantes son los ejemplos de la presencia isleña en Venezuela, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico o Uruguay.

Aquellos que hablaban de avalanchas o de invasiones no quisieron recordar las condiciones en las que viajaban los canarios a Venezuela o Cuba tras la guerra civil del 36, cuando la clandestinidad era la única forma de prosperar, de vivir.

Pero el tiempo pasa y ahora no es extraño que los jóvenes vuelvan a viajar, a salir de las Islas para lograr un trabajo. Incluso, pocos son los que no lo recomiendan. Aunque los saldos migratorios en Canarias sigan siendo positivos, es decir, sigue llegando más gente de la que se va; lo cierto es que desde 2010, según el INE, se han ido del Archipiélago más de 60.000 personas. Dice la estadística de emigraciones al exterior que, de ese total, 16.795 eran nacionales. La mayoría ha marchado a países de la Unión Europea.

Y mientras esa realidad es palpable, algunos vuelven a hablar contra la llegada de migrantes a raíz de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Aparece esa doble moral, tan europea, de que «nosotros» sí podemos viajar a Alemania o Reino Unido para trabajar en un restaurante de comida rápida, mientras los sirios deben buscarse otro refugio. Por qué van a querer venir a unas islas a cien kilómetros de África, arguyen.

Hemos mirado hacia otro lado demasiado tiempo. No nos importó el origen ni las causas de lo que sucede en Siria, ni tampoco en el norte africano. Tampoco hemos querido conocer cuánta responsabilidad tiene «Occidente» ni qué hacían países tan poco alineados con «los valores de la europeidad» como Hungría con los dineros de la Unión. No hemos querido saber nada y ahora queremos presumir de solidaridad o, por lo menos, que no nos saquen demasiado los colores. Quizá sea un poco tarde.

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Salario final: 355 euros

Asumir como normales cuestiones que en absoluto lo son. A eso nos ha llevado esta crisis que aún atravesamos. Todo ello aderezado con un desconocimiento interesado de «nuestros» derechos. Cuando hace apenas unos años, muchos sectores sociales se escandalizaban porque a nuestros jóvenes –aquellos tan recordados como añorados mileuristas– no les daba para independizarse, ahora cualquiera firmaría sin pensarlo por una cifra similar.

Los datos son más que esclarecedores. Más de un millón cuatrocientas mil personas en España cobra una nómina mensual de 355 euros brutos. Según el “Análisis gráfico de la pobreza y la desigualdad laboral” elaborado por CCOO, en 2013, una de cada cinco personas que trabajaba por cuenta ajena percibía menos de 700 euros brutos, siempre en 14 pagas.

Este informe sindical es demoledor. El 12,3 por ciento de los trabajadores recibía en 2012 una remuneración igual o inferior al salario mínimo interprofesional. Claro está, esta situación no es igual para todos. Este escenario perjudica siempre más a las mujeres, el 17,4 por ciento frente al 7,5 de hombres vive con estos ínfimos jornales.

Lejos de ser una excepción, las cifras empeoran en Canarias. Así tenemos que, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, en 2013 los trabajadores en las Islas percibían 3.529,93 euros menos de media que los del resto del país. Pero ya sabemos que, en esto de las cifras, los números suelen ser caprichosos y, aunque la media de sueldo bruto en el Archipiélago fuera de 19.167,93 euros, la mayor parte de los empleados en las Islas cobraba menos de 16.405,41.

Las diferencias crecen considerablemente al comparar tipos de contrato. Un empleado con un contrato indefinido en Canarias cobra de media 4.161,66 euros más que uno con una relación contractual de duración determinada. Evidentemente las diferencias con la media nacional resultan, también aquí, bochornosas.

Todo este escenario no puede llevarnos a confusión. Estamos hablando, sin florituras, de pobreza. Hace ya casi dos años que la propia Comisión Europea admitió en uno de sus múltiples informes que sólo sale de la pobreza la mitad de quienes encuentran un empleo. Siendo esto así, pocos movimientos se han visto para revertir este drama: «ni si quiera con un empleo se sale de pobre».

Todo lo contrario, quienes podrían poner en marcha mecanismos para erradicarlo piden más sangre. Las consecuencias de esta auténtica fractura social, tarde o temprano, se verán. Las primeras alarmas ya están sonando y quien no quiera oírlas también será responsable. Barrios degradados, ciudadanos perdidos o jóvenes acostumbrados a no tener esperanza. La limosna de los 355 euros al mes terminará saliéndoles, saliéndonos demasiado caro.

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500 familias más sin hogar

¿Cómo atajar la indiferencia? Quizá por exceso, hemos ido poco a poco inmunizándonos ante el aluvión de cifras nefastas que lo anegan todo. Más de 1.200 millones de personas en el planeta subsisten en la extrema pobreza y las desigualdades entre ricos y pobres se van ensanchando irremisiblemente. Al mismo tiempo los derechos se van achicando. En estos tiempos, tener un empleo ya no garantiza salir de la miseria.

Pasamos por las cifras como si no las entendiéramos o, peor, como si no las reflexionáramos. Hace unos días, el INE contaba que durante el segundo semestre del año -de abril a junio- se habían certificado 973 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Canarias. De esas, 512 eran propiedad de personas físicas. Esto viene a decir, ni más ni menos, que más de medio millar de familias se han quedado sin casa, sin un hogar en el que vivir.

Da igual que el derecho a una vivienda «digna y adecuada» esté reconocido en el artículo 47 de la Constitución vigente, aquí el que no tiene dinero se va a la calle y todo lo demás es literatura. También es poética el artículo 33, ese que limita el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de la función social; o el de la tutela judicial efectiva del 24.

Desde el 1 de enero de 2014, se han ejecutado más de 3.000 hipotecas sobre viviendas propiedad de personas físicas. Y no sucede nada… Al respecto, en el Parlamento de Canarias, hay registradas varias comparecencias y preguntas por escrito por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Habrá que esperar al diálogo de sus señorías. En su día no dio resultados la ley canaria «antidesahucios», suspendida por el Constitucional. Más tino tendrá la iniciativa de la Vicepresidencia autonómica de mediar entre «las entidades financieras» y los afectados. Eso, que medien y solucionen.

Ante un «presunto» repunte de la economía, hay quienes prefieren ocuparse de otros asuntos como si ya no hubiera problemas. El curso informativo se ha abierto con múltiples entrevistas a los políticos «de siempre». Ahí están las elecciones generales acechando a la vuelta de la esquina y también sus cuitas internas. Y los remedios siguen estando por llegar. También continúan ahí las ONG abriendo sus puertas y los Servicios Sociales de los ayuntamientos atendiendo a las víctimas. La vida sigue.

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Cuando el suelo solo halló desprotección

A pesar del continuo debate, poco se ha avanzado en materia de territorio y su salvaguarda en Canarias durante los últimos años. No cabe duda de que existen tantas visiones como sectores implicados en esta cuestión, lo que no hace sencillo consensuar políticas o alcanzar acuerdos. La consecuencia directa es que la ordenación del suelo ha sido un auténtico fiasco.

El caso de Josefa Hernández, condenada a seis meses de cárcel por construir su casa en un espacio protegido e indultada después, ha devuelto el debate territorial a primera línea de la actualidad. Mientras unos han definido este caso concreto de despropósito social, también se han oído voces en contra de «aquellos gobiernos y administraciones» que llevan a cabo una política «intervencionista» sobre el territorio. Y aquí reside el quid de la cuestión.

La concienciación ecologista en las Islas ha ido tradicionalmente aparejada a la especulación urbanística y la promulgación de legislación autonómica. Las clases medias, seriamente golpeadas ahora con la crisis económica, habían ido poco a poco «empoderándose». Así el ecologista se caracterizaba por ser un movimiento social fundamentalmente reactivo o de resistencia en el Archipiélago. Se trataba y se trata, a toda costa, de defender y proteger el espacio natural, y también de garantizar el uso público del suelo. Su objetivo final es promover el bienestar de la población, cuando se ve seriamente afectado por los intereses de empresas e instituciones.

La discusión territorial, a pesar del paso del tiempo, no dista en exceso de aquellas primeras luchas suscitadas en Canarias en la década de los setenta del siglo pasado. Luchar contra «los desmanes» perpetrados contra los bosques o la defensa del litoral frente al desarrollo turístico fueron el embrión del ecologismo en las Islas. Quizá uno de los mayores avances se suscitó a raíz de que en 1989 la Coordinadora Popular en Defensa de El Rincón presentase la primera Iniciativa Legislativa Popular en defensa del medioambiente en el Parlamento de Canarias. La protección del medioambiente y la democracia quedarían, a partir de ese momento, perfectamente enraizadas.

Dieciséis años después de aquello, CC y PSC-PSOE han admitido en su «acuerdo de gobierno» para la presente legislatura (2015-2019) que «se debe agilizar» la planificación territorial, «pero siempre vigilante de seguir criterios razonables y que no condicionen negativamente el futuro progreso económico de las Islas». Habrá que estar atentos a qué se refieren con eso de condicionar «el progreso económico» y cómo se incardina con ese cajón desastre denominado sostenibilidad.

También ambos partidos se han comprometido a aprobar una ley de Evaluación Ambiental donde las evaluaciones estratégicas ambientales de los planes de ordenación, obligatorias según la normativa comunitaria, sean realizadas por un órgano independiente, que puede ser la actual Cotmac u «otro ente» que nazca en el futuro. Veremos cómo cristaliza este propósito y sobre todo qué consecuencias tendrá para la Cotmac y el medioambiente isleño.

La conclusión a todo esto parece sencilla, el movimiento ecologista en las Islas y, sobre todo, la ciudadanía deberá continuar vigilante. Tienen mucho trabajo por hacer, ya que nuestro territorio aún no está a salvo.

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