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Demasiado ruido

«Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final». Estos días he recordado insistentemente estos versos del poeta Joaquín Sabina al tiempo que me entristecía saber que la explicación oficial que se ha dado a la muerte de una joven en Gran Canaria haya sido el exceso de ruido. La mente tiene mecanismos extraños para defenderse de la inhóspita realidad. Será la judicatura la que ahora se encargará de dirimir responsabilidades y actuar en consecuencia. A la familia, que ha pedido respeto, le toca sobrevivir cargando con todo lo ocurrido.

Independientemente de lo acaecido, es altamente preocupante la incapacidad que tenemos como seres en sociedad de solucionar problemas sin llegar a las manos. Algunos ponen el punto de mira en la educación, en los colegios, pero en esto también tienen que ver y decir las familias, y todos los que vivimos en comunidad. Cuando un adulto -o un menor- no tiene herramientas suficientes para resolver una situación y recurre a la violencia como única respuesta es síntoma de que algo ciertamente falla.

Asimismo me he preguntado por lo que pasa con el ruido. El Gobierno de Canarias alertaba en 2010 de que cerca de 70.000 personas residentes en las Islas estaban afectadas por los niveles de ruido de carretera. Fundamentalmente en las autopistas GC-1 y TF-5. Y esto tiene consecuencias directas sobre la salud: pérdida de audición, perturbación del sueño o estrés.

Esta cuestión no es en absoluto baladí. Las autoridades sanitarias hablan de auténtico «peligro para la salud» esta sobreexposición al ruido. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea (CE) alerta de que si se suma el impacto sobre los habitantes de la Unión (340 millones), se pierde un millón de años de vida saludable cada año. Por su parte, la Agencia Europea de Medioambiente estima que más de 125 millones de europeos soportan niveles de ruido excesivos y cifra en unas 10.000 muertes prematuras anuales atribuibles al ruido.

Hace unas semanas la Viceconsejería de Medio Ambiente anunció que está ultimando el Plan de Acción de Contaminación Acústica de Canarias, que en cumplimiento de la Ley del Ruido y el reglamento de desarrollo, deberá aplicarse hasta el año 2017. Tal vez vayan justos de tiempo… El documento tendrá en cuenta los 950,77 kilómetros de carreteras catalogados como «puntos negros» en cuanto a contaminación acústica se refiere. Como era de esperar, solo se salvan las islas de La Gomera y El Hierro.

Pero también es necesario estudiar lo que sucede en dentro de las grandes ciudades. Los ayuntamientos deberían tomar nota de los mandatos constitucionales de proteger la salud y el medio ambiente, artículos 43 y 45; y combatir seriamente los ruidos no deseados provenientes del tráfico rodado o de las actividades industriales. Y es que, aunque tengan «peor prensa» los botellones y los locales de ocio nocturno, existen informes que subrayan que el principal origen del ruido en las ciudades es el tráfico por carretera. Y es que el ruido es muy distinto a la música, que sí debería poblar más nuestras ciudades. Nos hemos mal acostumbrado a convivir con los ecos malsanos de los coches, máquinas eléctricas y gritos, sin darnos cuenta de lo que perjudican a nuestra salud. Tal vez aún estemos a tiempo de darle otra oportunidad al silencio…

Este artículo ha sido publicado en El Blogoferoz.

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PCI: Siete meses de espera para una ayuda de subsistencia

El mismo Gobierno de Canarias que estima que en el Archipiélago hay unos 50.000 hogares en los que no entra ni un solo euro a final de mes es el que se demora más de siete meses en tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda concebida para aquellos que ya no tienen nada.

El Ejecutivo regional ha comunicado al Parlamento de Canarias que, según los datos estadísticos oficiales, el 6,5 por ciento de los hogares en las Islas no cuenta con ingresos. A pesar de ello, pide cautela y subraya que al tratarse de encuestas la cifra real podría rondar los 48.000 o 50.000 hogares. Los números no dejan lugar a dudas, la situación actual de los perjudicados por la crisis económica es dramática.

Ello se ve refrendado por la «nefasta» gestión que se ha hecho hasta ahora de la PCI, justo en un momento político en el que el actual Gobierno de la nación plantea, a través de los presupuestos para 2016, dejar a los desamparados en manos exclusivamente de las comunidades autonómicas, ya que no incrementa ni prestaciones ni subsidios. La patronal tinerfeña CEOE ya ha denunciado que «la partida de prestaciones por desempleo, incluyendo gastos de funcionamiento, cae un 21,7 por ciento».

El año 2014 terminó con 2.973 solicitudes de PCI pendientes, de las que más de 900 ni siquiera pudieron ser estudiadas. A esto se une que el promedio «general» de tramitación desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 205,11 días, es decir, casi siete meses. El número de días aumenta hasta los 226 si nos referimos a las tramitaciones en los ayuntamientos.

Para poder valorar en su justa medida estas «insostenibles» esperas es oportuno recordar que entre los requisitos para solicitar esta prestación de último recurso es haber tenido durante el último año «ingresos netos anuales inferiores a la cuantía anual de la PCI para esa unidad de convivencia». Esto se viene a traducir prácticamente en no haber cobrado nada.

A partir de aquí la pregunta parece sencilla, cómo se le puede pedir a una persona que tras un año sin haber percibido ingreso alguno, salvo mínimas excepciones, pueda estar otros siete meses para recibir una ayuda que persigue «conseguir la inserción social, económica y laboral» de personas «con especiales dificultades de integración (en situación de pobreza, marginación y exclusión social) y que se encuentran en una situación de mayor desigualdad social» para «conseguir el acceso a uno niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales (educación, vivienda, trabajo, cultura)».

También es conveniente insistir en que no siempre los pagos llegan cuando deberían hacerlo. Así una vez tramitada, los abonos pueden demorarse semanas o meses. Esto suele suceder, por ejemplo, a la hora de renovar la ayuda. Aquí es donde aparece la figura denunciada por la Audiencia de Cuentas del «prebastanteo», que consiste en tener el visto bueno de la Administración, pero se espera a entrar en nómina. Por esta razón, el presupuesto de un año a otro se agota casi de forma inmediata.

Pero quizá lo peor de la gestión de la PCI, aunque pueda pasar inadvertido, sea la falta o escaso interés por impulsar apoyos a la inserción real. Hasta ahora solo se ha traducido meramente como un mero subsidio, sin que sus beneficiarios puedan ver mejoradas sus capacidades para acceder a un empleo real, que es lo que desearían para desarrollarse plenamente. Aquí no se trata solo de subsistir, hay que dar oportunidades de vida.

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Nueve de cada diez alimentos básicos, importados

Estar enclavados en eso que la generalidad llama «Occidente» tiene algunas ventajas. Una de ellas es poder ir casi a cualquier hora o día a un supermercado y hacernos allí con ingentes cantidades de comida. La variedad es inimaginable, casi incalculable. Hallamos carnes de todos los colores, pescados de todos los sabores y frutas, muchas frutas, aunque no estén en temporada. Eso no importa.

Esta abundancia está aparejada con esa manía tan «occidental» de devorar, casi de depredar todo cuanto está a nuestro alcance. ¿Por qué conformarse con pollo, si también podemos comer un poco de pavo, avestruz, gallina y hasta alguna que otra perdiz? ¿Qué sería de nosotros sin nuestras tarjetas de crédito o sin centros comerciales a donde ir a parar? Y de fondo siempre suena aquella máxima que popularizó Sydney Pollack, la que nos susurraba danzad, danzad, malditos.

Y en ese «baile del acaparar» estamos como peces en el agua sin preguntarnos nada. Como si no nos importara. Pero el caso es que se estima que Canarias cuenta con una soberanía alimentaria que ronda el diez por ciento. Esto viene a significar que nueve de cada diez productos básicos que consumimos son producidos fuera del Archipiélago y hay que pagar para traerlos.

La voracidad del consumismo impuesto, la globalización y las políticas públicas de alimentación tienen que ver mucho en esto, que parece que poca solución pueda tener. Canarias cuenta con unas 13.200 explotaciones agrarias que cubren unas 68.900 hectáreas de terreno, pero cada vez hay menos superficie agraria útil. Las Islas siguen ese camino que ya han recorrido otros territorios del planeta: cada vez menos explotaciones, pero muy extensas, dedicadas a un único cultivo.

Aunque el sector primario haya ganado empleo, en el último año se pasó de 23.600 a 24.900 ocupados, el peso en el producto interior bruto de la economía archipielágica sigue siendo pírrico. Hace 30 años, la realidad era bien distinta. El sector suponía el 5 por ciento del PIB y daba empleo al 11,5 por ciento de los trabajadores de las Islas en 1985.

Cuentan los números que cada vez importamos más cereales, legumbres o papas. También que sólo producimos tres de cada diez litros de leche que consumimos y el 15 por ciento de la carne. Así, el 89 por ciento de carne de vacuno que comemos es de importación, al igual que el 75 por ciento de la de pollo o el 73 de la porcina.

No sería complicado enlazar estos resultados con las políticas de desarrollo seguidas en Canarias. Habría que analizar qué ha sucedido con las «ínclitas» ayudas a la importación, que quizá debieron nacer para consagrarse al espíritu de la autosuficiencia. No estaría de más estudiar, además, cómo va el negocio de los intermediarios. Y después, limpios ya de polvo y paja, podríamos irnos de tournée por todos los mercadillos del agricultor promocionando eso que viste tanto del consumo local…

Este artículo ha sido publicado en El Blogoferoz.

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