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Demasiado ruido

«Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final». Estos días he recordado insistentemente estos versos del poeta Joaquín Sabina al tiempo que me entristecía saber que la explicación oficial que se ha dado a la muerte de una joven en Gran Canaria haya sido el exceso de ruido. La mente tiene mecanismos extraños para defenderse de la inhóspita realidad. Será la judicatura la que ahora se encargará de dirimir responsabilidades y actuar en consecuencia. A la familia, que ha pedido respeto, le toca sobrevivir cargando con todo lo ocurrido.

Independientemente de lo acaecido, es altamente preocupante la incapacidad que tenemos como seres en sociedad de solucionar problemas sin llegar a las manos. Algunos ponen el punto de mira en la educación, en los colegios, pero en esto también tienen que ver y decir las familias, y todos los que vivimos en comunidad. Cuando un adulto -o un menor- no tiene herramientas suficientes para resolver una situación y recurre a la violencia como única respuesta es síntoma de que algo ciertamente falla.

Asimismo me he preguntado por lo que pasa con el ruido. El Gobierno de Canarias alertaba en 2010 de que cerca de 70.000 personas residentes en las Islas estaban afectadas por los niveles de ruido de carretera. Fundamentalmente en las autopistas GC-1 y TF-5. Y esto tiene consecuencias directas sobre la salud: pérdida de audición, perturbación del sueño o estrés.

Esta cuestión no es en absoluto baladí. Las autoridades sanitarias hablan de auténtico «peligro para la salud» esta sobreexposición al ruido. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea (CE) alerta de que si se suma el impacto sobre los habitantes de la Unión (340 millones), se pierde un millón de años de vida saludable cada año. Por su parte, la Agencia Europea de Medioambiente estima que más de 125 millones de europeos soportan niveles de ruido excesivos y cifra en unas 10.000 muertes prematuras anuales atribuibles al ruido.

Hace unas semanas la Viceconsejería de Medio Ambiente anunció que está ultimando el Plan de Acción de Contaminación Acústica de Canarias, que en cumplimiento de la Ley del Ruido y el reglamento de desarrollo, deberá aplicarse hasta el año 2017. Tal vez vayan justos de tiempo… El documento tendrá en cuenta los 950,77 kilómetros de carreteras catalogados como «puntos negros» en cuanto a contaminación acústica se refiere. Como era de esperar, solo se salvan las islas de La Gomera y El Hierro.

Pero también es necesario estudiar lo que sucede en dentro de las grandes ciudades. Los ayuntamientos deberían tomar nota de los mandatos constitucionales de proteger la salud y el medio ambiente, artículos 43 y 45; y combatir seriamente los ruidos no deseados provenientes del tráfico rodado o de las actividades industriales. Y es que, aunque tengan «peor prensa» los botellones y los locales de ocio nocturno, existen informes que subrayan que el principal origen del ruido en las ciudades es el tráfico por carretera. Y es que el ruido es muy distinto a la música, que sí debería poblar más nuestras ciudades. Nos hemos mal acostumbrado a convivir con los ecos malsanos de los coches, máquinas eléctricas y gritos, sin darnos cuenta de lo que perjudican a nuestra salud. Tal vez aún estemos a tiempo de darle otra oportunidad al silencio…

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PCI: Siete meses de espera para una ayuda de subsistencia

El mismo Gobierno de Canarias que estima que en el Archipiélago hay unos 50.000 hogares en los que no entra ni un solo euro a final de mes es el que se demora más de siete meses en tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda concebida para aquellos que ya no tienen nada.

El Ejecutivo regional ha comunicado al Parlamento de Canarias que, según los datos estadísticos oficiales, el 6,5 por ciento de los hogares en las Islas no cuenta con ingresos. A pesar de ello, pide cautela y subraya que al tratarse de encuestas la cifra real podría rondar los 48.000 o 50.000 hogares. Los números no dejan lugar a dudas, la situación actual de los perjudicados por la crisis económica es dramática.

Ello se ve refrendado por la «nefasta» gestión que se ha hecho hasta ahora de la PCI, justo en un momento político en el que el actual Gobierno de la nación plantea, a través de los presupuestos para 2016, dejar a los desamparados en manos exclusivamente de las comunidades autonómicas, ya que no incrementa ni prestaciones ni subsidios. La patronal tinerfeña CEOE ya ha denunciado que «la partida de prestaciones por desempleo, incluyendo gastos de funcionamiento, cae un 21,7 por ciento».

El año 2014 terminó con 2.973 solicitudes de PCI pendientes, de las que más de 900 ni siquiera pudieron ser estudiadas. A esto se une que el promedio «general» de tramitación desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 205,11 días, es decir, casi siete meses. El número de días aumenta hasta los 226 si nos referimos a las tramitaciones en los ayuntamientos.

Para poder valorar en su justa medida estas «insostenibles» esperas es oportuno recordar que entre los requisitos para solicitar esta prestación de último recurso es haber tenido durante el último año «ingresos netos anuales inferiores a la cuantía anual de la PCI para esa unidad de convivencia». Esto se viene a traducir prácticamente en no haber cobrado nada.

A partir de aquí la pregunta parece sencilla, cómo se le puede pedir a una persona que tras un año sin haber percibido ingreso alguno, salvo mínimas excepciones, pueda estar otros siete meses para recibir una ayuda que persigue «conseguir la inserción social, económica y laboral» de personas «con especiales dificultades de integración (en situación de pobreza, marginación y exclusión social) y que se encuentran en una situación de mayor desigualdad social» para «conseguir el acceso a uno niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales (educación, vivienda, trabajo, cultura)».

También es conveniente insistir en que no siempre los pagos llegan cuando deberían hacerlo. Así una vez tramitada, los abonos pueden demorarse semanas o meses. Esto suele suceder, por ejemplo, a la hora de renovar la ayuda. Aquí es donde aparece la figura denunciada por la Audiencia de Cuentas del «prebastanteo», que consiste en tener el visto bueno de la Administración, pero se espera a entrar en nómina. Por esta razón, el presupuesto de un año a otro se agota casi de forma inmediata.

Pero quizá lo peor de la gestión de la PCI, aunque pueda pasar inadvertido, sea la falta o escaso interés por impulsar apoyos a la inserción real. Hasta ahora solo se ha traducido meramente como un mero subsidio, sin que sus beneficiarios puedan ver mejoradas sus capacidades para acceder a un empleo real, que es lo que desearían para desarrollarse plenamente. Aquí no se trata solo de subsistir, hay que dar oportunidades de vida.

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Nueve de cada diez alimentos básicos, importados

Estar enclavados en eso que la generalidad llama «Occidente» tiene algunas ventajas. Una de ellas es poder ir casi a cualquier hora o día a un supermercado y hacernos allí con ingentes cantidades de comida. La variedad es inimaginable, casi incalculable. Hallamos carnes de todos los colores, pescados de todos los sabores y frutas, muchas frutas, aunque no estén en temporada. Eso no importa.

Esta abundancia está aparejada con esa manía tan «occidental» de devorar, casi de depredar todo cuanto está a nuestro alcance. ¿Por qué conformarse con pollo, si también podemos comer un poco de pavo, avestruz, gallina y hasta alguna que otra perdiz? ¿Qué sería de nosotros sin nuestras tarjetas de crédito o sin centros comerciales a donde ir a parar? Y de fondo siempre suena aquella máxima que popularizó Sydney Pollack, la que nos susurraba danzad, danzad, malditos.

Y en ese «baile del acaparar» estamos como peces en el agua sin preguntarnos nada. Como si no nos importara. Pero el caso es que se estima que Canarias cuenta con una soberanía alimentaria que ronda el diez por ciento. Esto viene a significar que nueve de cada diez productos básicos que consumimos son producidos fuera del Archipiélago y hay que pagar para traerlos.

La voracidad del consumismo impuesto, la globalización y las políticas públicas de alimentación tienen que ver mucho en esto, que parece que poca solución pueda tener. Canarias cuenta con unas 13.200 explotaciones agrarias que cubren unas 68.900 hectáreas de terreno, pero cada vez hay menos superficie agraria útil. Las Islas siguen ese camino que ya han recorrido otros territorios del planeta: cada vez menos explotaciones, pero muy extensas, dedicadas a un único cultivo.

Aunque el sector primario haya ganado empleo, en el último año se pasó de 23.600 a 24.900 ocupados, el peso en el producto interior bruto de la economía archipielágica sigue siendo pírrico. Hace 30 años, la realidad era bien distinta. El sector suponía el 5 por ciento del PIB y daba empleo al 11,5 por ciento de los trabajadores de las Islas en 1985.

Cuentan los números que cada vez importamos más cereales, legumbres o papas. También que sólo producimos tres de cada diez litros de leche que consumimos y el 15 por ciento de la carne. Así, el 89 por ciento de carne de vacuno que comemos es de importación, al igual que el 75 por ciento de la de pollo o el 73 de la porcina.

No sería complicado enlazar estos resultados con las políticas de desarrollo seguidas en Canarias. Habría que analizar qué ha sucedido con las «ínclitas» ayudas a la importación, que quizá debieron nacer para consagrarse al espíritu de la autosuficiencia. No estaría de más estudiar, además, cómo va el negocio de los intermediarios. Y después, limpios ya de polvo y paja, podríamos irnos de tournée por todos los mercadillos del agricultor promocionando eso que viste tanto del consumo local…

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El clima que nos viene

Todo podría cambiar el próximo mes de diciembre o no. A partir del 30 de noviembre se celebra en París la vigésimo primera Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. Una cita que podría ser clave para el futuro de todos, aunque haya quienes aún siguen manteniendo que el cambio climático no es algo real. Como si oyeran llover, algunos dirigentes públicos dudan de los estudios científicos…

Frente a estos escépticos, la comunidad científica se ha aliado para constatar los aumentos de la temperatura y del nivel del mar, también el derretimiento de los polos o la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Cuestiones éstas que podrían parecernos lejanas en el espacio y en el tiempo si no fuera porque también hay informes científicos que hablan de cómo será la realidad del archipiélago en las próximas décadas.

El proyecto «Climatique», desarrollado en Canarias y Marruecos hace algunos años, vino a confirmar que en los próximos cuarenta-cincuenta años el Archipiélago contará con temperaturas más altas y menos lluvias –sobre todo en invierno-, y sufrirá los efectos de la elevación del nivel del mar. Si bien es cierto, que se trata de previsiones, los estudios realizados dejan bien a las claras que de continuar todo como hasta ahora la agricultura se vería seriamente afectada y las Islas perderían aún más autonomía alimentaria. Parece lógico que si sube la temperatura y las precipitaciones se reducen, el campo necesitará más agua. Los costes se dispararían, ayudados también por la salinización de los pozos costeros.

La escasez de agua –una vez más en la historia de Canarias- se convertiría en uno de nuestros principales problemas. La desalación y depuración de aguas tendría que crecer exponencialmente y esto obligaría a tener que mejorar mucho su gestión y ahorro. La proximidad a la costa de las instalaciones hidráulicas contribuiría además a que se den episodios de inundaciones debido a la nueva realidad del océano, cuyo nivel habría crecido.

Por si esto no fuera poco, se añadiría el grave inconveniente del reparto de agua. Los sectores económicos (industrial, turístico o agrícola) rivalizarían por el control del agua. El turismo además se vería ciertamente afectado ya no sólo por la falta de agua, sino también por que las altas temperaturas alterarían las temporadas turísticas tal y como las conocemos hasta ahora. Los episodios de fuertes lluvias concentrados en intervalos cortos de tiempo y la virulencia del mar producirían daños en las infraestructuras. También el mar erosionaría la actual costa con lo que la mayoría de las playas desaparecerá.

Esta nueva realidad debe servirnos de acicate para comenzar a revertir esta situación. El objetivo de «París 2015» es lograr un nuevo acuerdo internacional sobre el clima que mantenga el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Hay quienes alertan de que será insuficiente. Quién sabe qué sucederá en la capital gala, pero independientemente de lo que pase debemos tomar conciencia cuanto antes. Nos va la vida…

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Construyendo Canarias

Los últimos días da la impresión de que se ha vuelto a «recrudecer» el denominado pleito insular. Ese extraño fenómeno que no termina de superarse en el Archipiélago y que más que luchar por la equidad entre los ciudadanos de a pie, solo persigue consolidar la hegemonía económica, política e institucional «de unos patrones sobre otros patrones».

Utilizado por todas las ideologías y en todas las épocas, el pleito ha sido y es un difícil escollo a superar también por el nacionalismo de las islas. En teoría, la lucha se libra entre quienes piensan que Canarias es una suma de islas y quienes mantienen que la nación debe imperar. Unos creen que la autonomía se debe construir desde la isla (de abajo hacia arriba) y otros defienden que debe hacerse a la inversa (la canariedad se irradia desde arriba hacia abajo). Esto se mezcla con el papel que deben jugar los cabildos y con el que juegan los partidos de ámbito estatal; y se tropieza con los personalismos de quienes cuando se sientan en una silla promueven una cosa y cuando ocupan otra, sin rubor alguno, patrocinan la contraria.

Parece que en este nuevo episodio, como en tantos otros, si uno profundiza algo, no demasiado, se da de bruces con la realidad, que es muy diferente a cómo es sentida o percibida por la sociedad. Todo ello amparado en el desconocimiento, porque en esto de la vida, en ocasiones, las apariencias engañan. Aquí todos se aprovechan de la ignorancia: Si logro que los de aquí no sepan cómo están los de allí y viceversa, siempre saldré ganando. Todo esto del pleito, que al final no es otra cosa que una elemental pelea por «las perras», está adornado por una serie de planteamientos cuasi teóricos que le dan apariencia de certeza científica. Las clases adineradas se han cosido un traje a la medida para justificar la consecución de sus intereses.

Como si de un eslogan de campaña se tratara, todos defienden Canarias. Los políticos de todas las ideologías y corrientes se adueñan de la identidad de los pueblos y ahí es cuando llegan los despropósitos. Se excluye al que piensa distinto y se le tacha de «traidor». Si no estás conmigo, estás contra Canarias. Han sabido jugar muy bien su papel de defensores de la patria. Unos lo han hecho de manera algo burda y otros de forma más sibilina, pero el objetivo se ha conseguido: Mientras estamos enfrascados en que al vecino le han dado más que a nosotros, sus negocios –los de ellos- pasan inadvertidos. Nadie enseña las cuentas y así, con cuentos, la discusión se eterniza hasta el infinito.

Lo que no se nos puede escapar es que está bien defender los intereses de Canarias, o de cualquier isla, pero siempre sin olvidar que los 2.098.649 de personas que residen en las Islas tienen necesidades y pensamientos muy diferentes unos de otros. Nadie tiene capacidad suficiente para hacerse valedor único del concepto «canarias»; y por cierto, ahí siguen las tasas de pobreza y de desempleo próximas al 30 por ciento. También los datos de fracaso escolar y el estado de la sanidad pública, las listas de espera, la atención a los dependientes, el escaso desarrollo industrial o de implantación de energías renovables…

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Fracaso colectivo

El año 2016 se presenta como «un gran año judicial», pero no porque en principio vaya a haber más y mejores medios personales y materiales en los juzgados o porque definitivamente el papel vaya a desaparecer, sino porque en las Islas se celebrarán un par de juicios que llevan «coleando» más de una década.

Uno de ellos será el juicio a cuentas de la extracción de áridos en el valle de Güímar, en la isla de Tenerife. El paisaje que ha dejado es cuanto menos aterrador. Al parecer, eso lo debe decidir el juez, se lleva cometiendo un delito ecológico durante más de treinta años y se acusa a cinco empresarios. Habrá que dilucidar si los acusados tenían o no licencia para extraer los áridos. Les piden cinco años de prisión y más de 200 millones de euros.

Quizá al mismo tiempo que se esté «celebrando» el juicio, en el Parlamento de Canarias se debatirá una proposición de ley que pretende ordenar los barrancos de Güímar y restaurar el espacio natural. El texto, impulsado por el Cabildo de Tenerife, pretende declarar el enclave de interés autonómico, delimitar su territorio, prohibir las extracciones, recalificar los terrenos como suelos rústicos de protección ambiental, y que Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno aprueben un plan de restauración.

Pero esta futura ley dice más cosas. Reconoce que es un problema desde hace décadas. También describe lo que allí pasa: «Intensidad y avidez de algunas extracciones, que alcanzan profundidades desmesuradas, desconexión entre las explotaciones, como acredita la ausencia de infraestructuras comunes como vías de acceso conjuntas, tensión recurrente entre extractores y agricultores, afectación a los cauces, pero, sobre todo, la inexistencia de cualesquiera actuaciones de restauración ambiental que encubriera la huella de esas explotaciones».

Aunque la proposición alude a los esfuerzos de las administraciones por acabar el expolio medioambiental, reconoce que lo sucedido allí es un «fracaso colectivo». «Pese a los medios y los esfuerzos desplegados, la conflictividad en torno a la extracción de áridos en Los Barrancos de Güímar sigue siendo la misma, mientras que el deterioro del espacio es mayor que una década antes. Aun cuando los motivos son diversos, sin embargo, es posible hablar de un fracaso colectivo con respecto a ese espacio territorial».

Veremos en los próximos meses qué decide finalmente el juez y también qué votan los diputados en Teobaldo Power. Quizá lo que no podamos vivir es cómo los responsables políticos, además de escribir negro sobre blanco que todo ha sido un fracaso, se exigen responsabilidades. Que se hayan extraído áridos durante más de treinta años de forma desaforada y a ojos de todos debe tener más consecuencias que una nueva ley que intente resolver el entuerto. También habría que ver cuánto dinero se ha generado y a dónde ha ido a parar; y sobre todo a quién le tocará pagar para restaurar «el equilibrio ecológico perturbado».

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Votos rogados

En ocasiones es complicado casar ideas, que aunque lo lógico sería que fueran en la misma dirección, parecen como esas líneas paralelas que, a pesar de todo, nunca llegan a cruzarse. Y es que en esto de las elecciones hay cosas que cuesta comprender. Veremos cómo va la cosa las generales, que al final se celebrarán el próximo 20 de diciembre.

La cuestión es que parece que aunque la Constitución diga en su artículo 42 aquello de que «el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno», ese mismo Estado -en la vida real- poco hace por defender los derechos «políticos» de los españoles «en el exterior». Son continuas las quejas por no poder ejercer su derecho al voto.

Mucho ha cambiado la cosa desde la reforma de la ley electoral de 2011. Antes algunos no se quitaban de la boca, ni del pensamiento, su interés por las preocupaciones de los canarios en Venezuela o Cuba. Los viajes «de ida y vuelta» eran una constante, pero la reforma impidió que continuaran votando en las municipales; y ahora quién sabe cómo les va…

Poco se oyó hablar de ellos el pasado mes de mayo cuando 134.801 residentes canarios vivían fuera del país y no ejercían el voto en las locales, aunque sí en las autonómicas. Quizá el próximo diciembre se les oiga algo más. Tan solo del mes de mayo a agosto, su número ha aumentado en 1.543, según los datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que viene a ser casi como toda la población que vive en Garafía, en La Palma. Se ha pasado de 134.801 a 136.344 personas.

En el CERA hay inscritos más de 1.864.000 personas, que a pesar de la desidia de algunos se siguen quejando de que no pueden votar en igualdad de condiciones que el resto. Su pasaporte dice que son españoles, pero la realidad es bien distinta. No casan sus derechos con la realidad y de eso mucho sabe la autodenominada «marea granate».

Llegados a este punto habría que preguntarse por lo que dicen los estudios sociológicos encargados por los partidos mayoritarios acerca del color de ese voto granate. ¿Cabría alguna posibilidad por pequeña que fuera de que si les fuesen favorables, aprobarían un sistema que fuese bueno? Preguntas al aire, que nadie responde…

La propia Junta Electoral ha reconocido que existen «problemas» para ejercer el voto «rogado» desde el exterior, pero a nadie parece importarle. Bastantes problemas tenemos ya, deben pensar muchos, para ponernos a arreglar los inconvenientes por los que atraviesan los que ya no están. Y ojos que no ven,… Pues eso, que una vez más, quizá cuando nos toque a nosotros, sea demasiado tarde.

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