Si nadie lo remedia, el próximo viernes arrancará la campaña electoral, una carrera que durará algo más de dos semanas en busca del voto ciudadano. Pero en esta ocasión, igual que en otras, el principal reto de «nuestros» candidatos no debería estar en convencer al personal, sino en lograr aumentar los «raquíticos» niveles de participación que defiende Canarias.
El Archipiélago es de las regiones del país dónde menos personas votan pudiéndolo hacer. Así, si tenemos en cuenta sólo los datos de los ocho procesos autonómicos desarrollados hasta el momento, las Islas han pasado –eso sí, con altibajos- del 37,5 por ciento registrado en 1983 al «indefendible» 41 por ciento de la última cita electoral, celebrada en 2011. Estos 3,6 puntos de aumento se traducen en que un total de 649.349 personas no acudió a las urnas para ejercer su derecho, y eso son muchas personas. Todo esto sin contar los más de 50.000 ciudadanos que votaron en blanco o nulo.
Una democracia madura debe reflexionar seriamente acerca del por qué el 40 por ciento de la ciudadanía opta por no votar y más, teniendo en cuenta, que la participación es un elemento clave, consustancial, al sistema.
Algunos expertos apuntan a que los ciudadanos no acuden «al llamado de las urnas» por, entre otras causas, las discrepancias con el régimen político, el desinterés o el convencimiento de que nada puede o va cambiar. El desánimo parece fundamental, aunque también caben los niveles de formación de la ciudadanía, la cultura democrática y el interés de algunos sectores estratégicos por mantener el «statu quo».
No ayuda en absoluto la falta de confianza en las instituciones. Aquí la apertura de delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción por todo el país en 2006 -y sus posteriores resultados- también ha contribuido a agudizar el descreimiento de los ciudadanos. En estos nueve años muchos han sido los políticos que han caído por casos de corrupción. Asimismo, el CIS ha certificado que los votantes tampoco se fían de los medios de comunicación. La desconfianza, los recelos y el escepticismo están a la orden del día.
Este caldo da como resultado por un lado que tenemos a demasiados ciudadanos que no quieren informarse y, por el otro, a una dirigencia política empeñada en simplificar sus mensajes y enfatizar lo negativo de sus adversarios. Eluden también cualquier tipo de pedagogía para que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos y libertades, y no pocos son los que caen en la tentación del populismo, ese proceder «bastante discutible» que lo reduce todo a la invención de un enemigo exterior.
Podría ser que las del próximo 24 de mayo serán unas elecciones más participativas, pero lo que sí es cierto es que queda un largo trecho por recorrer en este ámbito y, quizá, todos debiéramos preocuparnos más por saber qué hacen, cómo lo hacen y qué no pueden hacer nuestros representantes públicos. Aunque, claro está, «ellos» deberían ser los primeros interesados en que todo esto se sepa. Ello reanimaría nuestra democracia de forma meridiana y acabaría con nuestro enemigo interior: la abstención.
Este artículo ha sido publicado en El Blogoferoz.
Ce Castro 